"Terrorista", acusación ideal para callar periódicos

David Brooks/La Jornada

La imputación de complicidad con terroristas ha dado pie a clausura de medios, encarcelamiento, tortura y aun asesinato de periodistas en muchas partes del mundo

Nueva York.- Un ex presidente de Colombia calificó de simpatizantes del terrorismo a reporteros del Washington Post por criticar a su gobierno; seis periodistas independientes fueron encarcelados acusados de vínculos con el terrorismo en Etiopía; un periódico vasco fue cerrado más de siete años al ser acusado de asociación con el terrorismo; en Estados Unidos, uno de los periodistas más destacados fue acusado de terrorista por un asesor del Pentágono, y un medio árabe ha sido amenazado repetidamente al ser acusado de lo mismo.

Son sólo algunos de decenas de ejemplos –todos denunciados por las principales organizaciones internacionales de derechos humanos y defensa de la libre expresión– de cómo la acusación de terrorismo o de cómplice del terror contra periódicos y periodistas ha justificado detenciones, cierre de medios, desapariciones, asesinatos, amenazas y aun tortura en todo el mundo: de Estados Unidos a Etiopía, de Colombia a las ex repúblicas soviéticas, de España a Turquía.

Además de justificar guerras y muertes de cientos de miles de civiles, campos de concentración (Guantánamo), rendiciones (secuestro y encarcelamiento clandestino en terceros países), tortura y operaciones encubiertas de todo tipo contra países y poblaciones enteras (Irak, Afganistán, Somalia, Palestina, Chechenia, el País Vasco, la población negra de Sudáfrica durante el apartheid), la etiqueta de terrorismo frecuentemente se usa para descalificar y exponer la vida de críticos, opositores y reporteros (desde movimientos de resistencia, opositores de regímenes, el macartismo) que se atreven a informar algo más que las versiones oficiales.

Desde el poder 

Quién define quién es terrorista o no depende de los que tienen el poder. Vale recordar que los fundadores del talibán y los integrantes de Al Qaeda fueron llamados, en los ochenta, luchadores por la libertad y equivalentes morales a nuestros padres fundadores por nada menos que el presidente Ronald Reagan cuando los invitó a la Casa Blanca, en momentos que batallaban contra el régimen terrorista de la Unión Soviética. Igual los movimientos de liberación fueron llamados terroristas por regímenes dictatoriales que afirmaban defender a la patria, como en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, El Salvador, España, o más recientemente el derrocado régimen de Hosni Mubarak, en Egipto, o la retórica permanente de Israel. Nelson Mandela y su organización, el Congreso Nacional Africano, fueron calificados de terroristas por el régimen blanco sudafricano y por Washington y otros gobiernos durante la lucha contra el apartheid.

Sobre todo después del 11 de septiembre de 2011, cuando George W. Bush reafirmó la guerra contra el terrorismo (la primera proclamación de una guerra contra el terrorismo fue la de Reagan, que incluyó Centroamérica), medios y sus trabajadores han sido tachados una y otra vez de cómplices o colaboracionistas de terroristas, tanto por contrincantes como por gobiernos.

Reporteros sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, Human Rights Watch y otras organizaciones de defensa de comunicadores y derechos humanos han documentado decenas de casos que continúan hoy día.

Espionaje de Álvaro Uribe

Tal vez el caso reciente más notable fue cuando el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe acusó de cómplices del terrorismo a reporteros del Washington Post en agosto de 2011. En respuesta a un reportaje de cómo el gobierno de Uribe había destinado la asistencia estadunidense antinarcóticos a unidades de inteligencia para realizar operaciones de espionaje y campañas de difamación contra jueces de la Suprema Corte, opositores políticos de Uribe y agrupaciones de sociedad civil, el ex presidente, en su cuenta de Twitter, escribió: Qué tristeza que a nuestro gobierno lo difamen simpatizantes del terrorismo.

Uribe envió una carta al editor del Post, que se publicó, donde afirmó que los reporteros habían actuado de manera imprudente y sin rigor al presentar acusaciones difamatorias y poner en peligro la imagen de Colombia y mi administración sin una evaluación imparcial de los actos y testimonios. Subrayó que él siempre había promovido, como parte esencial de la democracia, la libertad de expresión.

Pero cuando esa libertad de expresión fue contraria a su posición, su primera reacción fue acusar a sus críticos de simpatizantes del terrorismo. Su respuesta provocó una llamada de atención del Comité de Protección de Periodistas (CPJ) en Estados Unidos, que expresó su preocupación por los comentarios de Uribe, que “podrían poner en peligro a los periodistas Juan Forero y Claudia Julieta Duque [que junto con Karen DeYoung escribieron el reportaje para el Post] y poner en jaque a la libertad de prensa en el país”. Recordaron que Uribe no sólo los acusó de simpatizantes del terrorismo, sino también de cómplices de guerrilleros izquierdistas. Carlos Lauria, encargado del programa para las Américas del CPJ, afirmó que Uribe tiene que abstenerse de hacer acusaciones sin base contra periodistas [Forero y Duque]. En el contexto de Colombia, tales comentarios son extremadamente peligrosos.

No fue la primera vez que Uribe motivó quejas de defensores de periodistas. En múltiples ocasiones había acusado de estar ligados al enemigo a reporteros en su país que se atrevían a revelar asuntos contrarios a la línea oficial u ofrecer voces disidentes . Por ejemplo, en febrero de 2009, CPJ y Human Rights Watch enviaron una carta al presidente, donde le escriben: Objetamos las acusaciones que usted y otros integrantes de alto rango de su gobierno hicieron esta semana vinculando al periodista colombiano Hollman Morris al grupo guerrillero izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esas serias afirmaciones ponen en peligro la vida del periodista y ponen en jaque la libertad de prensa en su país.

Le recuerdan que su ministro de Defensa acusaba a Morris de ser cercano a los guerrilleros, mientras el procurador general, por órdenes del presidente, anunció que iniciaría una investigación criminal por posibles nexos de Morris con el terrorismo. Uribe acusó a Morris de esconderse detrás de su periodismo para ser un cómplice pasivo del terrorismo. CPJ y Human Rights Watch instaron a Uribe a que se retractara y que él y su gobierno se abstuvieran de acusar a miembros de los medios de tener nexos con actores armados, sin ninguna prueba.

Pero el caso de Morris es aún más complicado. Washington aparentemente aceptó las acusaciones de cómplice del terrorismo que Uribe y su gobierno lanzaron contra un periodista que había informado repetidamente sobre los nexos de paramilitares derechistas con altos funcionarios del gobierno de Uribe. A mediados de 2010, funcionarios consulares estadunidenses en Bogotá informaron a Morris que su visa para viajar la Universidad Harvard –donde había sido invitado a estudiar después de que se le otorgó la prestigiosa beca Nieman– le había sido negada conforme a normas de la Ley Patriótica relacionadas con actividades terroristas, reportó Frank Smyth, del CPJ. Fue la primera vez en la historia de la Fundación Neiman que a un periodista se le prohibía viajar a este país no por el gobierno de su país, sino por Estados Unidos.

Múltiples organizaciones, desde el CPJ a Human Rights Watch, el Open Society Institute, la Unión Americana de Libertades Civiles, el PEN, la Asociación Interamericana de Prensa y hasta la OEA solicitaron que el Departamento de Estado revirtiera su decisión. Finalmente ganaron y a Morris se le otorgó la visa. Inmediatamente después fue de nuevo amenazado de muerte.

De Etiopía al País Vasco 

Hay muchos casos más en el mundo, donde medios y periodistas han sido atacados por gobiernos u otras entidades con la acusación de cómplices del terrorismo.

En noviembre pasado, un juez de Etiopía acusó a seis periodistas de terrorismo según las leyes antiterroristas de ese país (con ello, ahora son 10 los acusados desde junio), reportó el CPJ. Los cargos eran ayudar, asistir y apoyar a un grupo terrorista, según el gobierno, pero el CPJ y otros afirman que los cargos carecen de pruebas, y señalan que por lo menos dos de ellos habían sido detenidos anteriormente por reportajes críticos de las acciones represivas del gobierno. En 2009, dos de ellos, editores de un rotativo, cerraron su periódico después de amenazas de arresto. A escala global, Etiopía es uno de los países que más han encarcelado periodistas o los han enviado al exilio.

Dos periodistas independientes suecos fueron arrestados en julio en Etiopía y acusados de vínculos con terroristas mientras viajaban con unidades de un movimiento separatista calificado de terrorista por el gobierno, informó The Guardian. Reporteros Sin Fronteras instó al gobierno a anular los cargos de apoyo a grupo terrorista, al subrayar que ambos detenidos son periodistas reconocidos que no tienen nada que ver con terroristas.

En 2010, después de que hace siete años el periódico vasco Euskaldunon Egunkaria fue obligado a cerrar cuando los cinco periodistas que lo dirigían fueron acusados de vínculos con el terrorismo, en este caso con ETA, un juez del Tribunal Nacional finalmente descartó los cargos presentados primero en 2003 por falta de cualquier prueba. Reporteros Sin Fronteras, entre otras organizaciones, había denunciado durante los últimos años la clausura del periódico motivada por las acusaciones de terrorismo.

Al parecer, periodistas y medios son frecuentemente acusados sin pruebas de ser cómplices de terrorismo, obligando a los acusados –si es que no están encarcelados, torturados, desaparecidos o exiliados– a comprobar su inocencia en un mundo que desde 2001 está preparado para matar primero y hacer preguntas después, en esta proclamada guerra contra el terrorismo.