Por: Tania Verónica Díaz
El pasado 17 de octubre se cumplieron 58 años de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada para reconocer la ciudadanía de las mujeres con lo que éstas obtuvieron el derecho de votar y ser votadas. Detrás de este hecho hubo importantes movimientos de mujeres que durante décadas pugnaron por sus derechos ciudadanos e impulsaron iniciativas de ley que a punto de aprobarse se rechazaban con argumentos que rayaban en lo absurdo.
Sin embargo, después de esa gran lucha y a pesar de haber conseguido el reconocimiento jurídico, la igualdad formal no se ha traducido en igualdad real, ya que en la práctica el derecho a ser votadas no se ha ejercido plena y equitativamente. Aspectos estructurales, ideológicos e institucionales, propicia un sesgo de género en el acceso a los cargos de elección popular y de toma de decisiones en general, así según datos del INNMUJERES (2010), la distribución por sexo en las secretarías de estado muestra que sólo 15.8 del total eran mujeres; en la actual legislatura LXI, en la Cámara de Senadores las mujeres representan 23.4% del total (128) y en la Cámara de Diputados 27.8% de los 500 diputados. En los congresos locales las mujeres son el 21.7%, en las presidencias municipales 5.3%, y las síndicas 18.7%, mientras que las regidoras son 32.6 por ciento. En el Poder Judicial, de los once ministros que en 2010 conformaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solamente 2 son mujeres. Hasta 2010 únicamente 6 estados (incluyendo al D.F.), han sido regidos por mujeres. Para regular esta sobre-representación masculina, se establecieron mecanismos de acción afirmativa en la legislación electoral, o “Ley de Cuotas de Género” pero debido a los vacíos en la ley y a las prácticas antidemocráticas de los partidos políticos, en México estas acciones afirmativas no han logrado su cometido. Sin embargo, sí son necesarias para contribuir a la inclusión de las mujeres en el acceso a los cargos de elección, siempre y cuando estén acompañadas de otras acciones y estrategias que permitan establecer una democracia real, con la participación y representación de los intereses de hombres y mujeres de los diversos sectores de la sociedad.
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