Joaquin López Dóriga
Y allí iba yo, una vez más, pero
no de nuevo. Florestán
Al día siguiente de que fueran arrojados 35 cadáveres en Boca del Río, el martes 20 de septiembre, el procurador de Justicia de Veracruz, Reynaldo Escobar, declaraba a Carlos Loret en Primero Noticias que ya había identificado todos los cuerpos y que eran de personas con antecedentes penales.
Unas horas más tarde de aquel miércoles 21 de septiembre, el mismo Escobar corregía en Radio Fórmula: Hemos identificado 18 cuerpos, de los que 15 tienen antecedentes penales.
Cuando le pregunté cómo podían saberlo, me habló del registro de Plataforma México y la coincidencia de sus huellas digitales.
Al día siguiente, jueves 22, volvió a contradecirse y regresó a la versión de 35 muertos, 35 identificados, 35 delincuentes.
El 30 de septiembre, el diario Notiver de Veracruz documentó que de los 35 muertos, sólo ocho tenían antecedentes penales, lo que el gobierno de Veracruz desmintió y les pidió su fuente.
Ayer, la vocera del gobierno federal, Alejandra Sota, dijo que no todas las víctimas tienen antecedentes penales en la Plataforma México, como sostiene la versión del gobierno de Veracruz.
Sobre estas contradicciones, ayer el gobernador Javier Duarte dijo que son desafortunadas, dejando ver que está por anunciar quién es el nuevo procurador de justicia de Veracruz.
Estamos analizando el movimiento del procurador. Lo único que le puedo asegurar es que hasta el día de hoy el procurador sigue siendo el procurador, lo que quiere decir que pronto dejará de serlo.
El gobernador Duarte negó la versión que le atribuyen en el sentido de que son fuerzas federales las que integran los escuadrones de la muerte que, por cierto, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, ha dicho que perseguirán, pero no ha negado su existencia.
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