Sin lugar a dudas, que una buena noticia para los veracruzanos, es la que dio a conocer Iván López Fernández, contralor general del Gobierno del Estado en el sentido de que esa dependencia ha detectado o registrado irregularidades cometidas por mil 400 funcionarios estatales, lo que ha originado que 120 expedientes se hayan turnado ya a la Procuraduría General de Justicia.
Consideramos que se trata de una buena noticia, porque ello es indicativo de varias cuestiones.
Primero, que contrario a lo que algunos mal pensados pudieran señalar, la Contraloría General del Estado de Veracruz está cumpliendo con las funciones que le han sido encomendadas, como lo es el supervisar que los funcionarios públicos se apeguen a la ley en el desempeño de sus cargos, evitando a toda costa, incurrir en actos de corrupción o de beneficio particular con los recursos públicos.
Otra cuestión interesante, es que de acuerdo a lo declarado por el funcionario, son 120 expediente de todas las dependencias, es decir, que no se está actuando con “línea” para tapar irregularidades y solapar corrupciones.
Informó que se estima son aproximadamente mil 400 funcionarios y ex funcionarios los que se encuentran involucrados en dichas observaciones.
"Ya está en competencia de la Procuraduría, mil 400 es el número que están involucrados, responsables creo que todavía no hay que manejar el tema de la gente que ha tenido observaciones administrativas".
Otro dato interesantes es que “se trata de funcionarios actuales y ex funcionarios, que dejaron algunos pendientes de la pasada administración estatal”.
"Procesos que nos dejaron pendientes y que nosotros tenemos que concluir, más los de esta administración", enfatizó.
De acuerdo con esto, tendrían que ser incluidos los expedientes sobre el destino que se dio a los préstamos-bursatilizaciones-anticipos de participaciones federales, por miles de millones de pesos que se hicieron casi al final de la pasada administración y que hasta la fecha, solamente unos cuantos, saben y conocen, cuál fue el destino que tuvieron esos recursos, supuestamente gestionados para atender las emergencias por los daños causados por el huracán Karl y la tormenta tropical Mathew.
Aunque se trata del “expediente” más importante por el monto de los recursos manejados, el Contralor General del Estado ya advirtió que “estas acciones no obedecen a persecución contra funcionarios, sino que se cumplen las indicaciones del ejecutivo del estado de aplicar orden en la administración”.
Habrá que esperar para conocer hasta donde se aplicará la ley a los responsables de la peor crisis económica que estamos viviendo los veracruzanos, o si simplemente, como tantas veces, se exhibirá a los menos y a los peces gordos se les dejará impunes.
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