“falsas y calumniosas” denuncias en La Haya: Presidencia de la Republica

Ciudad de México • La Presidencia de la República rechazó categóricamente “las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional”.

Reconoció que en la llamada guerra contra el crimen organizado se han registrado casos aislados de violaciones a los derechos humanos, pero “no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional”.

En un comunicado de prensa fechado esta tarde en Los Pinos, el gobierno federal sostuvo que México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.

Por ello, “ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley”.

La Presidencia de México respondió así a la denuncia que un grupo de ciudadanos mexicanos, encabezados por el abogado Netzai Sandoval, presentó el pasado viernes una ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el presidente de la República y su gabinete de seguridad, así como contra el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, por crímenes de guerra y de lesa humanidad presuntamente cometidos durante la llamada guerra contra el crimen organizado.

El gobierno de Felipe Calderón argumentó que, en dichas acciones, las fuerzas federales cumplen sus deberes constitucionales y legales, “señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la seguridad interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la seguridad pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos”.

Subrayó que tanto las instituciones militares como las corporaciones policiacas del orden federal se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.

“En los casos en que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes”, agregó.

“Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas”, puntualizó.

Ése no es el caso de México, que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo, remató.

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