Infamia disfrazada de derechos humanos

Era inevitable. Más temprano o más tarde tenía que ocurrir, porque cada día resulta más evidente que los grupos del crimen organizado han penetrado o creado organismos que supuestamente están dedicados a la defensa de los derechos humanos, al mismo tiempo que algunos sectores han decidido ideologizar la lucha contra la delincuencia.

En última instancia, la denuncia que un grupo de personas, que jamás se han  preocupado públicamente por la lucha contra los grupos criminales en el país, presentaron en la Corte Penal Internacional de La Haya, contra el gobierno federal y el presidente Calderón, por supuestos crímenes de lesa humanidad, tiene el mismo espíritu y origen que la petición que realizó Javier Sicilia el fin de semana de una “tregua navideña” al gobierno y a los grupos criminales.

Unos y otros quieren vender la idea de que la violencia la propicia el gobierno por perseguir criminales, y que hay dos bandos enfrentados, que son iguales: algo así como la teoría de los dos demonios que se utilizó en los 80 para justificar la represión de las dictaduras militares de Centro y Sudamérica, con la diferencia de que ahora esa teoría se quiere utilizar, no con el fin de justificar la represión de las dictaduras, sino el de acusar a un gobierno democrático y justificar los crímenes de los narcotraficantes.

Era inevitable, pero es injustificable e infame la denuncia ante la CPI.  No hay crímenes de lesa humanidad que perseguir; no estamos ni remotamente ante un gobierno autoritario sino plenamente democrático; no se está interviniendo en ninguna nación extranjera, sino preservando la integridad del territorio nacional y su gobernabilidad; no se está persiguiendo a opositores políticos ni existe persecución alguna a nadie por razones étnicas, religiosas o de género; lo que hay es un combate a grupos criminales que están abusando y dañando a la sociedad: lo que se intenta preservar es el Estado de derecho, la legalidad y la seguridad de las personas, que son vulneradas cad a día por estos grupos.

Tampoco la acción del Estado es la que origina la violencia: la enorme mayoría de los muertos que se han generado en este proceso son consecuencia de atroces ajustes de cuentas entre los grupos criminales, entre esos mismos que secuestran, extorsionan y roban a la gente. ¿Qué se pretende?, ¿que el Estado permanezca inerte ante esa amenaza?

La acusación es, decíamos, infame. Pero no es mucho más meritoria la actitud mostrada por nuestras fuerzas políticas y los distintos grupos de poder político. No ha habido una actitud coherente, cohesionada, homogénea, de los partidos políticos, de los gobernadores, de los legisladores, ante esa denuncia que ataca al presidente Calderón pero que en realidad se realiza contra el Estado mexicano que los incluye a todos ellos. ¿Dónde están los gobernadores, dónde los legisladores, dónde los precandidatos y sus partidos presentando un frente común ante esa calumnia y denuncia que los incluye? Salvo honrosas excepciones, no están, no aparecen, no dan la cara. Han decidido que la inseguridad y la violencia del crimen organizado sirva como argumento electoral. Y nada puede alegrar más a los grupos criminales que comprobarlo y ratificarlo una vez más en el preámbulo de los comicios federales. Qué pena con nuestra clase política.