"Ley Duarte", atentado contra la libertad de expresión

Entrevista de Raul Plascencia, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el espacio informativo de Ana Paula Ordorica; Imagen Radio

Comisión de Derechos Humanos contra Ley Duarte

La CNDH impugnó la adición del delito “perturbación del orden público”, en el artículo 373 del Código Penal de Veracruz, por considerar que es violatoria de la libertad de expresión.

El organismo argumentó que la reforma vulnera también los derechos de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal, tuteladas por la Constitución y diversos tratados internacionales.

La reforma establece la posibilidad de sancionar a una persona que “por cualquier medio afirme falsamente” la existencia de aparatos explosivos, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionado la “perturbación del orden público”.

La CNDH sostuvo en su demanda que la libertad de expresión es un derecho esencial del ser humano que incluye las vertientes de expresión del pensamiento propio y la garantía fundamental de conocer las opiniones, los relatos y las noticias difundidas.

Dicha garantía, añadió, se encuentra protegida en el ámbito internacional y SCJN se ha pronunciado al respecto en diversos criterios jurisprudenciales. En la norma no se precisa la conducta sujeta a sanción, por lo genérico que resulta la frase “afirme falsamente”, ni el medio para tenerla por demostrada, porque establece “por cualquier medio” y quedaría al arbitrio del juzgador interpretar el alcance.

Por ello, considera que la reforma carece de los principios básicos de claridad, congruencia y precisión. Además, dijo, el destinatario no estará en posibilidad de saber el motivo de esa prohibición, una situación jurídicamente inadmisible e incompatible con un sistema o Estado de derecho.

Ayer Martes, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de in constitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la llamada “ley Duarte” de Veracruz, que sanciona la difusión de rumores a través de medios como las redes sociales.

La demanda, radicada con el número de expediente 29/2011, fue turnada para su estudio y resolución al ministro José Ramón Cossío, quien acordó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo de Veracruz, para que rindan su informe dentro de los siguientes 15 días hábiles a aquél en que surta efectos la notificación.