Admite Corte demanda contra ley Duarte

Se prevé que a mediados de 2012 sería cuando la Corte resuelva el caso

Fuente: Víctor Fuentes; Reforma.

Ciudad de México  (24 octubre 2011).- Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la demanda promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para impugnar una reforma al Código Penal de Veracruz que creó el delito de perturbación del orden público para castigar afirmaciones falsas a través de cualquier medio, incluidas las redes sociales.

El Ministro José Ramón Cossío notificó hoy la admisión de la acción de inconstitucionalidad, dio 15 días hábiles al Ejecutivo y Legislativo de Veracruz para contestarla, y pidió al Congreso local anexarle copia de todos los antecedentes de esta reforma.

Cossío elaborará un proyecto de sentencia que, en su momento, será puesto a consideración del Pleno de la Corte, donde será necesario el voto de al menos ocho de los 11 ministros para invalidar la reforma al artículo 373 del Código Penal veracruzano.

La Corte no tiene plazo para resolver este asunto, pero es predecible que lo hará hacia mediados de 2012.

"En el artículo penal que apareció reformado se establece una sanción para aquella persona que por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, lo cual evidentemente coloca a cualquiera en la condición de tener que revisar qué es lo que va a expresar, qué es lo que va a escribir, qué es lo que va a publicar, antes de llevarlo a cabo, y esto es algo contrario plenamente al derecho a la libertad de expresión", afirmó el Ombudsman Raúl Plascencia al justificar la presentación de la demanda.

La CNDH también explicó que la reforma no precisa la conducta sujeta a sanción, pues el término "afirme falsamente" resulta genérico, y tampoco se precisa el medio para tenerla por demostrada, por lo que carece de los principios de claridad, congruencia y precisión.

Agregó que la libertad de expresión es un derecho esencial del ser humano que contempla la manifestación del pensamiento propio y el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias difundidas por los demás.

Los Poderes de Veracruz emprendieron esta reforma para salir del problema que les generó el caso de dos twitteros que fueron detenidos en agosto y acusados de terrorismo y sabotaje, por difundir en redes sociales los tiroteos que habrían presenciado en la vía pública. Tras una oleada de críticas, a final de cuentas, ambos fueron liberados.