En Tamaulipas también se cuecen habas:
Por: @daniavelarb @tamaulipaldia
http://www.tamaulipasaldia.com.mx
El diputado federal Arturo Zamora Jiménez propuso mediante una iniciativa establecer el delito de “Difamación Electoral”, pretendiendo establecer un grosero acto de censura en el Código Penal Federal.
El también vicecoordinador jurídico de la bancada del tricolor propuso prisión de uno a seis años a quien injurie o difame a las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, precandidatos, candidatos o coaliciones.
A su entender, los comicios de los últimos años se distinguen por el "uso excesivo” de ofensas, infamias o injurias en contra de precandidatos, candidatos o instituciones políticas.
Por esta razón y luego de que esta conducta no está tipificada como delito; propuso sanciones severas para quien a través de "difamar, denostar o descalificar pretende(n) lograr un fin determinado, que es influir negativamente en la información que el elector tenga disponible sobre un precandidato, candidato, coalición o una institución afectando el ámbito de libertad electoral".
Y todo esto porque "el honor, el derecho a la propia imagen el prestigio y la credibilidad” han quedado desprotegidos en el ámbito del derecho penal.
Me extraña que siendo el vicecoordinador jurídico de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados no sepa lo elemental del Derecho Constitucional y que por encima de cualquier ley se encuentra la misma.
La iniciativa que propuso (y que luego de semejantes críticas la retiró) el diputado Zamora Jiménez no era más que un acto de censura y atropello a la libertad de expresión, establecida en el artículo 7º Constitucional, el cual establece la inviolabilidad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, incluyendo el electoral.
Dicha inconstitucionalidad se reitera en el artículo 6º que señala que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, misma que pretendía el brillante legislador.
Lo peor del caso es que en esta ocasión, la censura no hubiese llegado en forma de represión y amenaza; esta vez se colaría por la vía de la supuesta “legalidad” que pretendía establecerse.
Los argumentos vertidos en su propuesta no sólo son de despertar preocupación, sino que se prestan a una diversidad de interpretaciones que bien podrían terminar de abrir la puerta a la censura que se vivió en los tiempos del viejo PRI.
¿Qué era lo que pretendía, seguir el ejemplo de Siria, en donde el gobierno torturó y rompió las manos del dibujante Ali Ferzat, quien publicó un cartón que criticaba al gobierno?
Parece que no le basta al PRI ver lo que ocurre en Venezuela y sus castigos por ofensas contra el Presidente de la República, o en Colombia y la propuesta de sancionar los llamados "crímenes de opinión”. No nos vayamos lejos, aquí mismo, en nuestro país, recientemente en el Estado de Veracruz hemos sido testigos del mayor acto de abuso de poder y autoridad por parte de gobiernos priistas en donde se realizó la detención de usuarios de Twitter (que pueden pasar hasta 30 años en prisión) por supuestos actos de terrorismo al publicar mensajes alertando posibles actos del crimen organizado en dicha entidad.
Mi pregunta es ¿A qué le tienen miedo? Ya se ha demostrado que el mentir y cooptar la libertad de expresión no hace más que evidenciar la putrefacción e inseguridad de los estados gobernados por el PRI, el claro ejemplo fue lo que sucedió en el Estado de Tamaulipas en donde durante el gobierno de Eugenio Hernández una y otra vez se negó la grave situación de inseguridad que azotaba a dicha entidad, que lo informado por las redes sociales por los tamaulipecos era mentira, siendo además la única fuente de información que existía ante el miedo de los comunicadores por entrar a informar, además de los secuestros y levantones de los cuales fueron víctimas, y ¿qué sucedió?, que dicho estado actualmente enfrenta una ingobernabilidad absoluta, ante las permisiones del gobierno al crimen organizado.
Más bien debemos fortalecer la utilización de redes sociales que han sido el pulso ciudadano ante la situación que atraviesa el país en todo sentido, bien dice el dicho que “la verdad no peca pero incomoda” y seguramente lo que pretendía el vicecoordinador del PRI era allanar el camino del futuro candidato presidencial Enrique Peña Nieto para que no lo difamen ni incomoden los ciudadanos, para que ante difamaciones arbitrarias de los resultados en su estado, se pueda aplicar todo el rigor de la ley ante semejantes injurias.
Lo bueno que es de sabios rectificar… aunque dudo que lo haya hecho apelando a este dicho sino más bien lo hicieron recapacitar sus compañeros de bancada ante semejante rebuzno que iba a dejar en evidencia los precarios conocimientos de derecho del docto en la materia.
El también vicecoordinador jurídico de la bancada del tricolor propuso prisión de uno a seis años a quien injurie o difame a las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, precandidatos, candidatos o coaliciones.
A su entender, los comicios de los últimos años se distinguen por el "uso excesivo” de ofensas, infamias o injurias en contra de precandidatos, candidatos o instituciones políticas.
Por esta razón y luego de que esta conducta no está tipificada como delito; propuso sanciones severas para quien a través de "difamar, denostar o descalificar pretende(n) lograr un fin determinado, que es influir negativamente en la información que el elector tenga disponible sobre un precandidato, candidato, coalición o una institución afectando el ámbito de libertad electoral".
Y todo esto porque "el honor, el derecho a la propia imagen el prestigio y la credibilidad” han quedado desprotegidos en el ámbito del derecho penal.
Me extraña que siendo el vicecoordinador jurídico de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados no sepa lo elemental del Derecho Constitucional y que por encima de cualquier ley se encuentra la misma.
La iniciativa que propuso (y que luego de semejantes críticas la retiró) el diputado Zamora Jiménez no era más que un acto de censura y atropello a la libertad de expresión, establecida en el artículo 7º Constitucional, el cual establece la inviolabilidad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, incluyendo el electoral.
Dicha inconstitucionalidad se reitera en el artículo 6º que señala que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, misma que pretendía el brillante legislador.
Lo peor del caso es que en esta ocasión, la censura no hubiese llegado en forma de represión y amenaza; esta vez se colaría por la vía de la supuesta “legalidad” que pretendía establecerse.
Los argumentos vertidos en su propuesta no sólo son de despertar preocupación, sino que se prestan a una diversidad de interpretaciones que bien podrían terminar de abrir la puerta a la censura que se vivió en los tiempos del viejo PRI.
¿Qué era lo que pretendía, seguir el ejemplo de Siria, en donde el gobierno torturó y rompió las manos del dibujante Ali Ferzat, quien publicó un cartón que criticaba al gobierno?
Parece que no le basta al PRI ver lo que ocurre en Venezuela y sus castigos por ofensas contra el Presidente de la República, o en Colombia y la propuesta de sancionar los llamados "crímenes de opinión”. No nos vayamos lejos, aquí mismo, en nuestro país, recientemente en el Estado de Veracruz hemos sido testigos del mayor acto de abuso de poder y autoridad por parte de gobiernos priistas en donde se realizó la detención de usuarios de Twitter (que pueden pasar hasta 30 años en prisión) por supuestos actos de terrorismo al publicar mensajes alertando posibles actos del crimen organizado en dicha entidad.
Mi pregunta es ¿A qué le tienen miedo? Ya se ha demostrado que el mentir y cooptar la libertad de expresión no hace más que evidenciar la putrefacción e inseguridad de los estados gobernados por el PRI, el claro ejemplo fue lo que sucedió en el Estado de Tamaulipas en donde durante el gobierno de Eugenio Hernández una y otra vez se negó la grave situación de inseguridad que azotaba a dicha entidad, que lo informado por las redes sociales por los tamaulipecos era mentira, siendo además la única fuente de información que existía ante el miedo de los comunicadores por entrar a informar, además de los secuestros y levantones de los cuales fueron víctimas, y ¿qué sucedió?, que dicho estado actualmente enfrenta una ingobernabilidad absoluta, ante las permisiones del gobierno al crimen organizado.
Más bien debemos fortalecer la utilización de redes sociales que han sido el pulso ciudadano ante la situación que atraviesa el país en todo sentido, bien dice el dicho que “la verdad no peca pero incomoda” y seguramente lo que pretendía el vicecoordinador del PRI era allanar el camino del futuro candidato presidencial Enrique Peña Nieto para que no lo difamen ni incomoden los ciudadanos, para que ante difamaciones arbitrarias de los resultados en su estado, se pueda aplicar todo el rigor de la ley ante semejantes injurias.
Lo bueno que es de sabios rectificar… aunque dudo que lo haya hecho apelando a este dicho sino más bien lo hicieron recapacitar sus compañeros de bancada ante semejante rebuzno que iba a dejar en evidencia los precarios conocimientos de derecho del docto en la materia.
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