Va PGR por 12 del 'moreirazo'

Ciudad de México  (20 diciembre 2011).- La Procuraduría General de la República (PGR) pretende consignar a 10 ex servidores públicos del Gobierno de Coahuila, al actual Secretario de Finanzas de la entidad y a un funcionario de Hacienda por delitos relacionados con la contratación ilegal de deuda.

Entre los involucrados en la averiguación previa en el "moreirazo" no se encuentran los ex Gobernadores Humberto Moreira y Jorge Torres, aunque sí se pide que sean citados a declarar, pues los créditos contratados de manera ilegal se realizaron en sus respectivas gestiones.

La PGR tiene abiertas cinco averiguaciones previas por la contratación ilegal del mismo número de créditos por un monto de 5 mil 300 millones de pesos, de los más de 30 mil millones en los que se incrementó la deuda estatal.

Una vez recabadas las pruebas, entre los delitos por los que se investiga a los involucrados se encuentran asociación delictuosa, falsificación y uso de sellos de la Federación, que no están tipificados como graves.

Sin embargo, la PGR señala que pedirá a la autoridad judicial que niegue la libertad provisional bajo caución, amparada en el artículo 399 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que permite al juez rechazarla si el Ministerio Público lo pide argumentando que las características del delito cometido son un riesgo para la sociedad.

Entre los involucrados se encuentra el actual Secretario de Finanzas de la entidad, Jesús Juan Ochoa Galindo, quien en la anterior Administración fue el tesorero general y estuvo presente en las reuniones que se realizaron con Banco del Bajío para la contratación de créditos.

A partir del 1 de diciembre, la Tesorería del Estado cambió de nombre y ahora es Secretaría de Administración.

Otro involucrado es Héctor Javier Villarreal Hernández, entonces secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) y a quien se mencionó desde la primera averiguación como el responsable directo de la contratación ilegal de créditos.

A Villarreal Hernández se le acusa de presuntamente ordenar que se tramitaran los créditos y de participar en las reuniones con funcionarios bancarios y de la Secretaría de Hacienda para obtenerlos, con conocimiento de que para lograrlo se estaban usando documentos falsos.

Dos personajes que fungieron como tesoreros y contra los cuales va la PGR son Víctor Manuel Zamora y Miguel Ramón Rodríguez, por haber solicitado créditos y suscribir contratos con petición de deuda.

La lista de implicados incluye a Sergio Ricardo Fuentes, quien fuera administrador general de Políticas Públicas del SATEC; Carlos Mauricio Aguillón, entonces director de área de la Dirección General de Política Financiera de la Secretaría de Finanzas, y Alfredo Valdés Menchaca, quien laboraba como abogado del SATEC, que en el Gobierno de Humberto Moreira era un poderoso organismo que controlaba las finanzas y estaba a cargo de Villarreal Hernández.

A Valdés Menchaca se le señala porque supuestamente daba seguimiento a la inscripción del registro de los créditos y era el responsable de revisar los contratos e informar sobre los sellos que se ponían en los documentos respectivos.

Enrique Ledezma, subadministrador de Políticas Financieras del SATEC; Juan Manuel Froto, director del Fondo de Financiamiento para el Estado; Juan Manuel Delgado, encargado de aspectos administrativos, y Fausto Destenave, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila.

El funcionario de Hacienda que es investigado junto con los ex servidores públicos de Coahuila, es Jaime Jiménez, quien era director de Deuda Pública de Entidades y Municipios y avaló con su firma los documentos falsificados para la adquisición de deuda.

Cuatro de los cinco créditos investigados fueron celebrados en el periodo que gobernó Moreira.

¿Y el destino del dinero?

El Gobierno de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira, hermano de Humberto, debe investigar el destino de los 5 mil 300 millones de pesos contratados de manera irregular, de un monto superior a los 30 mil millones a los que asciende la deuda estatal.

"Si los préstamos se aplicaron bien o no, eso corresponde verificarlo a la Auditoría Superior de Coahuila y, en su caso, a la Procuraduría local", explicó el abogado Luis Manuel Pérez de Acha.

La competencia es de esas autoridades porque los créditos se firmaron entre el Estado y los bancos, el dinero ingresó a las arcas estatales y fue ejercido bajo normas de Coahuila. /rpj