El burocratismo y la corrupción que se da en los órganos encargados de la procuración y administración de la Justicia, inhiben la cultura de la denuncia ciudadana, afirmaron juristas afiliados a la Barra de Abogados de este lugar.
Tras la visita del subprocurador de Justicia en la Zona Norte, Tomás Cristóbal Cruz, quien declararó que el índice delictivo «va a la baja» y exponer que se llevaban mil 836 investigaciones ministeriales, cuando en el mismo periodo del año anterior se contabilizaban mil 992, correspondiendo 130 denuncias por robo en general (167 en 2010); 41 por robo a negocios (87 en 2010); 88 por robo a transeúntes (100 en 2010) y 158 por robo de vehículos (201 en 2010), litigantes tuxpeños quedaron dudosos.
«Esas cifras pueden ser ciertas, pero lo que es también cierto es que los ciudadanos no presentan sus denuncias por el burocratismo y la corrupción que hay tanto en las agencias del Ministerio Público y los diferentes juzgados (Primero y Segundo de Primera Instancia y Mixto Menor) de este lugar», expuso un litigante.
Refirió que la modernización administrativa no ha llegado a esas instancias e interponer una denuncia es «una pérdida de tiempo», además de que hay que dar dinero desde el secretario que levanta la denuncia, como a los agentes ministeriales que harán la investigación, quienes por lo regular «piden para la gasolina».
Pero aclaró que el calvario del denunciante no termina ahí, ya que al ser turnada su denuncia al juzgado correspondiente la situación es la misma.
«Hace unos días llevé un caso de un ama de casa, quien sorprendió a la persona que le ayuda en las labores del hogar, robándole 13 mil pesos y tras ser detenida la presunta responsable y radicarse el caso en el juzgado Primero de Primera Instancia, ahora le exigen a mi cliente que compruebe de donde sacó 13 mil pesos, cuando ella expuso en su momento que ese dinero se lo había dado su esposo para pagar unos trabajos encargados», apuntó al tiempo de señalar que Héctor Espinoza Espino, el juez que llevó el caso, ya fue transferido a otra plaza.
Más aún, comentó que otro caso fue el del robo de un vehículo del servicio público que tras ser recuperado, «tardaron 3 meses y medio en entregarlo a su propietario, no obstante, que en su momento presentó la factura de la unidad así como la concesión para prestar el servicio de taxi.
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