El nuevo PRI y sus perturbaciones

@maiteazuela

Analista política y activista ciudadana

El 19 de septiembre celebraba su cumpleaños Javier Duarte, gobernador de Veracruz, mientras 32 reos se daban a la fuga en Coatzacoalcos, Amatlan de los Reyes y Cosamaloapan. Un día después se sumaban 35 asesinados a la lista de víctimas en su estado. Los días siguientes enfocó su trabajo a la promoción de un decreto que restringe la libertad de expresión de los veracruzanos, sin presentar ninguna hipótesis que explicara el efecto esperado en la reducción el crimen y la violencia que tanto han perturbado el orden en su entidad. Acerca de los muertos dio un par de declaraciones, de ésas que ya no nos sorprenden, vinculando a las víctimas con el crimen organizado. Sobre la captura de los fugitivos aseguró que han recuperado a 14.

La mayoría de los diputados del PRI en el congreso local le aprobó el decreto por el que se adicionó un capítulo III al título XXII y se incorporó el delito contenido en el artículo 373 “Perturbación del orden público” al Código Penal del Estado de Veracruz. El cambio legal se publicó el mismo día en la Gaceta Oficial. La eficiencia, articulación y oportunidad con la que reaccionaron sí fue como para asombrarnos.

Entre tantos acontecimientos, la información que circuló con mayor ímpetu fue la liberación de los tuiteros Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, a quienes el mismo gobernador había acusado de terrorismo equiparado, y cuyo proceso de justicia fue altamente cuestionable. El 21 de septiembre, después de semanas de presión en medios y redes sociales, Duarte anunció en su cuenta de Twitter que la Procuraduría de Justicia se desistiría de la acusación a los tuiteros procesados. Acto seguido, el procurador general de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez presentó ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia el oficio mediante el cual se desistió de la acción penal. Sabemos que la liberación de los tuiteros respondió más a la presión nacional e internacional que el gobierno veracruzano recibió estas semanas que a un acto de contrición auténtico por parte del gobernador.

Javier Duarte es un hombre que no alcanza los 40 años —podríamos decir que forma parte de las nuevas generaciones priístas que van recuperando el poder que la alternancia les arrebató súbita pero no contundentemente—. Esperaríamos que con su atuendo renovador envistiera la defensa de las libertades, los derechos humanos, los mecanismos democráticos, la rendición de cuentas, la honestidad. En lugar de eso, ejerce bien el papel de ahijado de ex gobernador, que el PRI sabe reproducir como con molde. De Ricardo Montiel a Peña Nieto y de Fidel Herrera a Javier Duarte, parece que la juventud no hace ninguna diferencia. La añoranza por el autoritarismo silenciador los estimula.

Parece que el gobernador Duarte está más “perturbado” por la comunicación libre entre ciudadanos que por la crisis violenta y delincuencial por la que atraviesa su estado. Su decreto promueve la penalización de la libertad de expresión en términos tan discrecionales que atentan contra los derechos humanos. Según el artículo 373 “a quien por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros: de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario mínimo, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.

Imaginemos entonces que en cualquier charla cara a cara, red social, correo electrónico o comunicación por señas, algún ciudadano sea considerado por otro como perturbador del orden público, incluso en el contexto de una conversación privada. Visualicemos el caso de alguien que, conversando en un café, hace alguna aseveración equivocada sobre un hecho público y otros comensales la escuchan. Aunque la afirmación no se difundiera extensivamente, con este decreto la persona en cuestión podría ser acusada de perturbar el orden público y ser condenada a cuatro años de prisión. Se le impondría una pena correspondiente a la magnitud de la perturbación causada, independientemente de la intención o no de generarla.

Han llovido las advertencias sobre la inconstitucionalidad de este decreto. Inquieta la manera en que amplifica los supuestos para penalizar el libre flujo de información y la comunicación entre particulares, en medio de causales poco específicas. Afortunadamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revisa ya la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La tentación de reproducir marcos normativos restrictivos de las libertades está latente en otros estados hoy gobernados por el Revolucionario Institucional. Esperemos que la acción de inconstitucionalidad proceda antes de que este germen autoritario se difunda por la República o, incluso, antes de que se pretendan imponer clausulas similares en la legislación federal.