Por: Carlos Loret
La mañana del 20 de septiembre de este año 35 cadáveres fueron arrojados en uno de los cruces viales más importantes de Veracruz-Boca del Río. Según los datos corroborados hasta ahora por la Procuraduría General de la República, que no ha atraído el caso pero realiza una investigación “coadyuvante”, sólo 19 de esas 35 personas tienen antecedentes penales; la mayoría, por robo de vehículo, robo a transeúnte, sin expedientes relacionados con el narcotráfico, ni siquiera narcomenudeo.
La indagatoria de la PGR terminará por desmentir lo divulgado desde un inicio por el gobierno veracruzano, encabezado por el priísta Javier Duarte de Ochoa, cuyo entonces procurador, Reynaldo Escobar Pérez, declaró casi inmediatamente después del hallazgo, ante el asombro de no pocos, que no sabía cuántos cuerpos eran, que no los había terminado de contar, pero que todos tenían antecedentes penales.
Fuentes de seguridad nacional del actual gobierno federal, que han revelado todo esto por su cercanía con el caso, van todavía más lejos: al momento en que la PGR tuvo en sus manos el expediente, sólo en cinco casos se había confirmado, a través de la base de datos Plataforma México, que contaban con antecedentes penales. Sólo cinco de 35. Y el expediente llegó a la Procuraduría nacional cuando ya el gobernador de Veracruz y su equipo habían divulgado que todas las personas encontradas muertas contaban con dichos antecedentes delictivos. Hicieron esas declaraciones, aseguran, sabiendo que sólo cinco de 35 estaban en esa condición.
Estas fuentes coinciden con otra más, del ámbito de Plataforma México, que horas después de que la noticia comenzara a circular y fuera minimizada por el gobierno estatal que criminalizó a las víctimas, me contactó para poner las cosas en perspectiva: es imposible que Plataforma hubiera arrojado estos resultados tan rápido, y menos si en algunos casos sólo había huellas digitales.
El dato cobra relevancia, pues las posturas públicas del gobernador veracruzano y su gabinete citaron como fuente a Plataforma México.
Incluso, en medio de los cuestionamientos y las dudas, Javier Duarte escribió al día siguiente en su cuenta de Twitter: “Los 35 ultimados tienen antecedentes penales, se les relaciona con la delincuencia organizada y están en los registros de Plataforma México”. Tres mentiras en menos de 140 caracteres.
Aunque la PGR no ha concluido su investigación sobre los primeros 35 cuerpos, ya detectó que entre ellos hay un estudiante, un ama de casa y un policía sin mancha en el currículum, que fueron arrojados al puente de los Voladores de Papantla y tachados de criminales por las autoridades locales.
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